Con la reanudación de la actividad en la Justicia, se reactivaron las causas en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia contra el concurso del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para cubrir vacantes en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la capital.
Ayer, en el primer día hábil tras la feria de verano, el CAM presentó un recurso extraordinario federal (ver "Descalifican por...") contra la sentencia del máximo tribunal en el expediente impulsado por RaúlBejas, para requerir que el caso sea resuelto por la Corte de la Nación.
El órgano constitucional accionó con el objetivo central de dejar sentada su férrea defensa a la legitimación activa para poder actuar por sí en los tribunales. Además, remarcó la falta de uniformidad de criterios dentro de la Corte provincial en esta materia, al haber dictado fallos contradictorios y en distinto sentido ante los planteos de Bejas y de María del Pilar Amenábar, tratados por separado con dos conformaciones distintas del tribunal. Además, hay otras cuatro causas judiciales pendientes de definición en este concurso.
La ausencia de una única posición se evidenció en las sentencias disímiles. En Amenábar, la Corte dictó de oficio la nulidad de la exigencia de un puntaje mínimo de 60 puntos sobre un máximo posible de 90, para acceder a la instancia definitoria de la entrevista personal ante los consejeros de la Magistratura. Consideró ese requisito como contrario a la Constitución provincial, e incluso puso en cuestionamiento la trascendencia y proyección de la propia institución de raigambre constitucional.
Luego, el tribunal se pronunció exactamente con un criterio inverso en el expediente iniciado por Bejas y avaló el requisito del puntaje mínimo. Ambas sentencias coinciden en que el CAM no tiene legitimación activa para intervenir en juicios, lo que motivó la apelación de esta institución en los dos casos.
La decisión en el caso Amenábar fue recurrida tanto por la Provincia como por el CAM, que presentaron sendos recursos extraordinarios en disconformidad con la supresión del piso de calificación para avanzar en el concurso, y reclamaron su revisión por parte de la Corte Suprema de la Nación.
En Bejas, en cambio, la Provincia ha resuelto no apelar la sentencia, ya que considera que el fallo contempla sus intereses en cuanto mantiene sin tachas el proceso de selección con etapas sucesivas.
El llamado a concursar por las vocalías en lo Civil y Comercial Común fue el primero que se realizó (la inscripción de interesados cerró a principios de marzo de 2010) y el que más trabas tuvo. De hecho, es el único que está bloqueado judicialmente, con los dos fallos de la Corte.
Espera por un dictamen
El expediente Amenábar está en manos del ministro fiscal de la Corte local, Luis de Mitri, que debe pronunciarse sobre si apoya o rechaza las apelaciones. Su opinión no es vinculante para la definición del tribunal, pero sí es exigida legalmente.
Si prospera finalmente algunos de los planteos apelatorios, intervendrá la Nación y el concurso seguirá suspendido por tiempo indeterminado. Mientras tanto, la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la capital seguirá funcionando con sólo dos jueces (Augusto Avila y Carlos Miguel Ibañez) de los seis que deben integrarla. Las vacantes ponen en crisis la atención eficiente de los casos en estudio, pese al nivel de rendimiento exigido a los magistrados actuales.
En el caso de la Cámara del mismo fuero del sur, sólo está en funciones la magistrada Mirtha Inés Ibañez, mientras que hay dos cargos vacantes, lo que también afecta la labor que se desarrolla. El concurso sólo fue aprobado por María Isabel Bravo, cuya propuesta está reservada en el Poder Ejecutivo hasta que se complete una terna, y se llamó para el segundo cargo en noviembre de 2010.